- Protesta frente a la Embajada de Finlandia
Asambleístas de Gualeguaychú se concentrarán hoy ante la sede porteña de la Embajada de Finlandia, con el objetivo es "expresar la responsabilidad que le cabe al Estado finlandés en el conflicto por Botnia".
En la manifestación que comenzará a las 11 frente a la Embajada, ubicada en Avenida Santa Fe al 800, de esta ciudad Capital Federal, la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú estará acompañada por la Asamblea del Pueblo.
"Vamos a expresar nuestro repudio y la responsabilidad que le cabe al Estado finlandés", señaló la asambleísta Cristina Limba, quien informó que en la protesta se leerá un petitorio y que desde el Asamblea solicitaron una audiencia a la embajadora para entregarle este petitorio en mano pero "no hemos tenido respuesta".
En tanto continúa adelante la querella del Gobierno Nacional contra los asambleístas, quienes tienen tres días hábiles para designar a un abogado y sentar domicilio en Paraná. Luego, la Cámara Federal de Paraná fijará fecha para la audiencia de la que participará el fiscal de la Cámara, los jueces, la querella y los asambleístas.
Los asambleístas que fueron denunciados por el Gobierno Nacional son: Jorge Fritzler, Sira Muñoz, Osvaldo Fernández, Juan Ferrari, Ana Acosta, Paola Robles, Cristina y Víctor Limba, Alejandra Crimella y José Gómez.
Este grupo de asambleísta tendrá, a partir del día que recibieron la notificación, tres días hábiles para designar a un abogado defensor y sentar domicilio en la ciudad entrerriana de Paraná.
Una vez que los diez denunciados hagan el trámite, la Cámara Federal de Paraná fijará fecha para la audiencia, de la que participarán el fiscal de la Cámara, los jueces, la querella y los asambleístas.
Antecedentes. El 12 de junio, la presidenta Cristina Fernández firmó un decreto para que el Procurador General del Tesoro Nacional, Joaquín Da Rocha, pueda presentarse como querellante en esta causa.
Tras la audiencia los jueces de la Cámara tendrán cinco días hábiles para resolver. El gobierno nacional denunció a los asambleístas de Gualeguaychú por dieciocho delitos, incluidos sedición y homicidio culposo.
"Yo me considero un rehén", confesó uno de los asambleístas denunciado y abogado de la Asamblea Ambiental Osvaldo Fernández, quien considera que esto es "una decisión política de utilizar el Código Penal como método para amedrentar".
- Asambleas de bancarios en Córdoba
La Asociación Bancaria (AB) realiza hoy una jornada nacional de protesta en reclamo de mejores salariales.
En Córdoba, habrá asambleas que resentirán la atención al público en las dos últimas horas, según confirmó a Mitre 810 Raúl Ferro, de la delegación local del gremio.
Ferro anunció que está previsto un paro nacional de cinco horas para el próximo jueves 5 de agosto.
Los trabajadores reclaman una recomposición “inflacionaria”, aunque aclaró que la suma del incremento aún no fue definida.
- Dar algo para no dar todo
Con el anuncio de ayer, la Presidenta volvió a "ganarle de mano" a la oposición. Como sucedió con las iniciativas opositoras de la asignación universal por hijo y del reparto de los ATN a las provincias, otra vez, el Gobierno se adelantó. Antes que el Congreso sacara una ley, realizó un anuncio a su medida y dio a los jubilados el aumento que quiere.
La medida dispuesta por Cristina eleva a partir de setiembre el piso del haber jubilatorio al 69,8 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, mientras en las comisiones de Diputados y Senadores la oposición obtuvo dictamen para que esa proporción llegue al 82 por ciento.
Para el bolsillo de los jubilados que cobran la mínima son 183,5 pesos (la diferencia entre los 1.046,5 que se otorgarán y los 1.230 pesos que quiere la oposición). Pero para las cuentas públicas, la diferencia es mucho mayor. Según los datos oficiales, la medida que anunció la Presidenta insumirá 14.258 millones de pesos al año mientras que una recomposición al 82 por ciento del mínimo requeriría 22.406 millones.
Los diputados opositores, además, proponen que las jubilaciones por encima de la mínima reciban una recomposición según los fallos de la Corte (que habilitan un reajuste del haber en línea con los salarios entre 2001 y 2007), lo cual, según dijo el titular de la Anses, Diego Bossio, llevaría otros 10.253 millones más.
Así, al realizar este anuncio que trata de contrarrestar la ofensiva opositora, el Gobierno se estaría ahorrando 18.433 millones de pesos al año. No es un número menor, y pagarlo implicaría sacar dinero de otros destinos. Además, evita que las jubilaciones se aten a la evolución del salario mínimo.
Más allá de que para quien cobra mil pesos por mes cualquier aumento es bienvenido, los anuncios siguen sin solucionar las inequidades del sistema jubilatorio. Pese a que el Gobierno se jacta del fuerte aumento otorgado a los pasivos, la jubilación promedio creció sólo 275 por ciento desde la devaluación, mientras los salarios privados registrados aumentaron 415 por ciento. En cambio, la jubilación mínima subió 598 por ciento, con lo cual la pirámide se acható y 75 por ciento está en el escalón más bajo.
Para los que ganan un poquito más, aunque el Ejecutivo ahora no lo reconozca (la Anses los paga a cuentagotas pues apela la mayoría de las sentencias), los fallos de la Corte existen y generan una deuda contingente que, en algún momento, algún gobierno deberá afrontar. Hoy hay disponible parte del dinero en las ex AFJP, usarlo o no para esto es una decisión política.
- Acuerdo para monitorear la pastera y el río Uruguay
Buenos Aires. En un paso crucial para superar el diferendo entre los dos países, Argentina y Uruguay acordaron finalmente ayer iniciar el monitoreo conjunto del río Uruguay y de la pastera UPM, ex Botnia, ubicada en la ciudad oriental de Fray Bentos frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú.
Así se anunció al término del encuentro en Olivos que la presidenta Cristina Fernández mantuvo con su par uruguayo, José "Pepe" Mujica junto a los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro. Los dos ministros fueron los encargados de brindar los detalles del entendimiento ante la prensa y coincidieron en resaltar su satisfacción "por el acuerdo alcanzado por la voluntad de los presidentes", según dijeron.
Ante un pregunta, Timerman se mostró muy molesto y evitó opinar si "cree" que el entendimiento conformará a los asambleístas de Gualeguaychú: "Yo no creo, yo trabajo, mi tarea no es adivinar el futuro", tronó tajante ante la mirada incómoda de su par uruguayo.
Luego de casi dos horas de reunión, Fernández de Kirchner y Mujica acordaron "conformar en el plazo de 30 días en el seno del Caru (Comisión Administradora del Río Uruguay) un Comité Científico integrado por dos científicos uruguayos y dos argentinos a elección de cada país". Su función "será monitorear el río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al río Uruguay y sus áreas de influencia", señala el acuerdo.
A dos puntas. La tarea emprendida "comenzará con la planta de UPM y la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay; seguirá en Argentina con un establecimiento en el lugar a elección de la parte uruguaya" y luego "continuará alternativamente en uno y otro país".
Cuando se trate de un monitoreo en la margen izquierda del río, las acciones estarán a cargo de la Caru, acompañada por el Comité Científico. En tanto, cuando se trate de la margen derecha del río, las acciones estarán a cargo de la autoridad argentina de aplicación.
La autoridad de aplicación tomará muestras por duplicado, "una de las cuales será entregada en el acto al Comité Científico de la Caru". Las determinaciones "incluirán la utilización de censores, así como todas las otras innovaciones científicas y tecnológicas que las partes acuerden necesarios para el monitoreo de los efluentes líquidos y las emisiones gaseosas que puedan acceder" al río.
El acuerdo rubricado especifica que "el número máximo de ingresos de control del Comité Científico en cada establecimiento a monitoreas será de hasta 12 veces por año" y que la información que se obtenga del monitoreo "será pública.
El conflicto por la instalación de la pastera, que enfrentó en su momento a los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, comenzó a desactivarse con la asunción de Mujica y el posterior fallo de la corte internacional de La Haya. Los asambleístas levantaron el bloqueo del puente binacional el 19 junio, en una tregua por 60 días.
- 450 beneficiarios piden los terrenos para construir
En dos meses se cumplirán cinco años del lanzamiento del fallido plan Hogar Clase Media. Y pese al descreimiento acentuado por el paso del tiempo, muchos beneficiarios no bajan los brazos.
Es el caso de los miembros de la Asociación Civil Beneficiarios y Adjudicatarios de Planes de Vivienda, entidad que surgió cuando en agosto de 2007 la Provincia habilitó la modalidad Mix para 553 adjudicatarios.
Bajo ese paraguas quedaron quienes se comprometieron a pagar una cuota mayor (era el doble) por terrenos más grandes, mejores localizaciones y cambios en la tipología de las viviendas.
Hace un mes, una comisión de ese grupo que integran 449 beneficiarios le propuso a la Provincia la cesión de los terrenos para poder construir sus casas, ante la demora en el envío de fondos desde la Nación.
La decisión nació por contagio, luego de que varios intendentes del interior, cansados de esperar los giros, decidieran devolver terrenos a beneficiarios del plan o incluso vender lotes, como en Río Cuarto.
"Tuvimos una reunión con el ministro (de Obras Públicas, Hugo) Testa, quien nos pidió que eleváramos una nota con el ofrecimiento formal", contó Marcelo de las Casas, uno de los integrantes del grupo.
Allí solicitan "la cesión a la Asociación Civil Beneficiarios y Adjudicatarios de Planes de Vivienda" de los terrenos ubicados en los barrios Valparaíso (cinco hectáreas, 112 lotes) y Rosedal (nueve hectáreas, 186 lotes).
Con respecto a un tercer terreno en Don Bosco, proponen que sea expropiado y que el grupo se hará cargo del costo. "Sepa entender que hoy los alquileres nos ahogan y que el futuro sigue siendo muy incierto", agrega la nota.
Rechazo. El 13 de julio, el subsecretario de Vivienda, Gustavo Bacile, comunicó la "imposibilidad jurídica de avanzar sobre la propuesta", argumento basado en el dictamen 323 del subsecretario de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas, Rafael de Jorge.
Ayer, al ser consultado por La Voz del Interior , Bacile se limitó a esa nota y señaló que adjuntó ese dictamen que "funda en leyes y normas la imposibilidad de llevar adelante" el pedido.
De Jorge sostuvo que los inmuebles "se adquirirán a nombre de la Dirección Provincial de la Vivienda, por lo tanto no procede lo solicitado", es decir, la pretendida cesión de lotes.
También rechazó la posibilidad de expropiar el terreno de Don Bosco, al indicar que "la Asociación no puede ser sujeto expropiante" y que si lo hiciera la Provincia, "ello traería como consecuencia el pago de la indemnización".
Además, el terreno, por el que su propietario habría solicitado 28 dólares por metro cuadrado, ya fue habría sido adquirido por Edisur, según fuentes del mercado inmobiliario.
En tal sentido, la Asociación sugirió modificar la ley de expropiaciones, para replicar el caso de la Clínica Junín "y declarar la utilidad pública, aunque la diferencia es el pago del terreno", señaló la abogada María Teresa García, a cargo del área legal de la entidad.
Asimismo, el grupo planteó que la cesión sea onerosa, con la obligación de que las tierras sean utilizadas sólo para la construcción de las viviendas de los adjudicatarios.
Los beneficiarios habían pedido que la transferencia se realizara con la subdivisión y la infraestructura terminadas, para afrontar la construcción mediante la línea Tu Casa, del Banco de Córdoba.
El grupo Mix ha comenzado a coordinar acciones con otras organizaciones sociales y prepara una nueva marcha para mediados de agosto."Será por la dignidad, como concepto aglutinador de la problemática de la vivienda, porque estamos frente a una estafa moral", agregó.
- Viviendas sociales, con escrituras gratis
Por unanimidad, la Legislatura provincial aprobó ayer una ley promovida por el Ejecutivo, que crea un Régimen de Escrituración Gratuita de Viviendas Sociales, destinado a adquirentes con imposibilidades económicas de afrontar los gastos que demanda el trámite común para la obtención del certificado de propiedad.
Para poder adherir a este régimen, los eventuales beneficiarios (adquirientes de viviendas económicas construidas por programas estatales, municipales, provinciales y nacionales, loteos y/o planes administrados por cooperativas y ONG) deberán demostrar la situación de vulnerabilidad social y económica, lo que será controlado por el Estado. Con este fin, la Secretaría de Inclusión Social de la Provincia realizará un relevamiento.
La ley contempla la posibilidad de que los que accedan a escriturar puedan también incluir el inmueble como bien de familia. Además, la autoridad de aplicación podrá promover la suscripción de las escrituras traslativas de dominio de las viviendas a las mujeres jefas de hogar, en observancia de lo que establecen las leyes nacionales que hacen referencia a la “violencia económica” contra la mujer.
A partir de esta normativa, el Estado podrá entregar “escrituras de consolidación” que serán definitiva a los 10 años de no existir oposición. Ese beneficio recaerá en los poseedores de tierra que realicen el trámite a través de la Unidad para el Saneamiento de Títulos.
El proyecto fue presentado por el oficialista Carlos Alesandri, quien dijo que la falta de regularización dominial de las viviendas sociales era un problema de envergadura. Sostuvo que la iniciativa “implicará un trabajo conjunto de Rentas, Catastro, Desarrollo Social, Registro de la Propiedad” entre otros organismos públicos.
Todos los bloques opositores votaron a favor. Algunos de ellos cuestionaron el alcance “demagógico y electoral” de la medida, y recordaron el incumplimiento para con los beneficiarios del Plan Hogar Clase Media.
- Schiaretti dice que también subirá la mínima provincial
El gobernador Juan Schiaretti dio por sentado que a la par de la suba de la jubilación mínima nacional también habrá un ajuste local.
La mínima provincial es de mil pesos y la idea es llevarla a un nivel que vuelva a quedar por encima del nacional. Más allá de la comparación entre ambos "pisos" jubilatorios, el impacto real en cada caso es muy diferente: en la Nación, el 76 por ciento de los pasivos recibe ese importe; en Córdoba, la mínima alcanza a un ínfimo porcentaje de beneficiarios.
Schiaretti dijo que el aumento salarial a los empleados públicos se trasladará a los jubilados. Si bien no hay números, como referencia, los docentes anticiparon que pedirán desde un 11,5 por ciento.
Ramón Mestre. El senador radical por Córdoba -que apoya con reservas la iniciativa opositora de establecer el 82 por ciento por su impacto financiero- apoyó ayer la mejora a las jubilaciones establecidas por la Nación, pero fustigó "la lógica de la manipulación política" en estos anuncios y cuestionó "la falta de discusión de fondo" de un esquema "que hace añicos el sistema previsional".
Luis Juez. El senador del Frente Cívico dijo que al elevar la mínima a 1.046 pesos, la Presidenta "reconoce que cuatro millones de personas ingresan oficialmente al mundo de los pobres, pues el Indec establece esta línea en los 1.095 pesos".
- Razones que van más allá del campo legal
El Gobierno dice que una cesión de lotes desatará una avalancha de pedidos de otros adjudicatarios.
Ningún funcionario lo dirá en público, pero además de las cuestiones legales que argumentó la Subsecretaría de Vivienda, existen otras dos razones que se ponderan los despachos oficiales.
Cuando la situación se analizó en el núcleo duro del Ministerio de Obras Públicas, se concluyó que, más allá del resquicio legal, era imposible ceder los terrenos: "Son tierras fiscales y no es nuestra competencia decidir a quién entregarlas. En todo caso, deberán comprarlas", explicaron.
"Nunca pensamos ni supusimos que esto sea gratuito", señaló María Teresa García, de la Asociación de beneficiarios.
Inclusive, ese grupo había propuesto afectar la línea crediticia acordada con el Banco de Córdoba (30 mil pesos por adjudicatario) y aportes personales para los terrenos. Otro factor es la situación del resto de los beneficiarios del programa, que fue reformulado cuando cambiaron las condiciones del Plan Federal II. El temor del Gobierno es que, si acuerda con los adjudicatarios de la modalidad Mix, se verá obligado a otorgarle las mismas concesiones a las más de 5.000 familias que también esperan viviendas. Al respecto, García señaló: "No vamos a cesar en explicarle al Gobierno que nuestra propuesta no implica desigualdad", al advertir que la modalidad Mix convive con el plan tradicional.
- Respaldan al titular de Caminos de las Sierras, pese a estar imputado
El Gobierno provincial respaldó la continuidad del flamante gerente general de Caminos de las Sierras SA, Ricardo Edelstein, quien fue impugnado por el juecismo por estar imputado en una causa judicial, acusado de estafa.
La investigación data de cuando el funcionario se desempeñó en la actividad privada, como responsable de un emprendimiento inmobiliario.
“No tengo conocimiento de esa carta”, respondió ayer el gobernador Juan Schiaretti, cuando fue consultado por este diario sobre los cuestionamientos a Edelstein que realizó el vocal del Frente Cívico en el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) Juan Pablo Quinteros.
El vocal juecista envió ayer una carta al gobernador en la cual expuso su posición acerca de que el Gobierno provincial debe “reconsiderar” la designación de Edelstein como gerente de Caminos de las Sierras SA, la concesionaria de la Red de Acceso a Córdoba (RAC), cuyo paquete mayoritario quedó en manos de la Provincia.
El ministro de Obras Públicas, Hugo Testa, de quien depende ahora Caminos de las Sierras, también dijo desconocer la carta del vocal opositor.
Otra fuente oficial contó que la causa lleva más de cuatro años y estaría “cerca” de resolverse en favor de Edelstein.
El gobernador Schiaretti, junto al ministro de Obras Públicas y el propio Edelstein, recorrió ayer las obras de mejoras en los accesos a la ciudad de Córdoba que se están realizando en avenida Circunvalación y avenida La Voz del Interior.
En ese acto, Edelstein admitió que está imputado en una causa cuando fue gerente de la empresa Alvear SA y titular de la sociedad El Bosque SA, que administró un predio y fue denunciado por los propietarios, ya que no podían escriturar las viviendas.
“No sé cuál es el estado de esa causa, ya que sólo en una oportunidad me convocaron a declarar. Además, tengo entendido que el problema de fondo está resuelto, ya que el 90 por ciento de los propietarios pudieron escriturar sus viviendas”, afirmó Edelstein, en una charla informal con este diario, ya que prefirió no responder las acusaciones de Quinteros.
La denuncia en la que está involucrado Edelstein data de agosto de 2006, cuando un grupo de vecinos del country El Bosque denunció que no podían escriturar sus viviendas porque el terreno del predio se encontraba en usurpación debido a una superposición de títulos.
Según los denunciantes, representados por el abogado Hernán Gavier, esta situación fue ocultada por la inmobiliaria. Por ese motivo, en su calidad de gerente de la mencionada empresa, Edelstein fue imputado por estafa.
Por otro lado, el vocal juecista también le cuestiona al gobernador la designación de Edelstein por haber sido gerente general de Caminos de las Sierras en el período 2000-2001. “Esa empresa fue una incumplidora sistemática de las obligaciones contraídas en el contrato de concesión. Y resulta que ahora uno de sus responsables es nombrado por el Gobierno provincial”, cuestionó Quinteros.
